La Coordinación de Oficinas Regionales Españolas (CORE) organizó una reunión con la consejera de comercio de la Representación Permanente de España ante la UE (REPER) Begoña Montoro, a fin de que explicara ciertos aspectos clave del reciente acuerdo de inversiones entre la UE y China y resolviera las dudas que dicho acuerdo ha suscitado en las delegaciones de las comunidades autónomas.
El pacto entre el gigante asiático y la UE alcanzado el 30 de diciembre de 2020 es el resultado de un largo proceso de negociaciones comenzado en 2012. Mientras que China tradicionalmente ha sido un país reacio a las inversiones extranjeras imponiendo toda clase de barreras, la Unión Europea se ha mostrado abierta a las inversiones provenientes del país asiático. El acuerdo de inversiones responde a la necesidad de acabar con esta desigualdad en pos de equilibrar la competencia con el que es ya el mayor socio comercial de la Unión Europea según el último estudio de la agencia Eurostat.
China se ha comprometido a garantizar el acceso de las empresas europeas en igualdad de condiciones al sector manufacturero. Actualmente, más de la mitad de las inversiones de la UE en este país tienen a este sector como destinatario, estadística que previsiblemente aumente como consecuencia del acuerdo.
Además, se han pactado medidas que permiten a las entidades europeas proveer servicios en los siguientes sectores:
-Telecomunicaciones
-Servicios financieros
-Sanidad privada
-Medio ambiente
-Servicios informáticos relacionados con la aviación
El acuerdo obliga a China a establecer los medios legales pertinentes para la prohibición de la transferencia forzada de tecnología a la que se exponían las empresas anteriormente y que constituía un considerable obstáculo para cualquier inversión extranjera.
Los negocios que se establezcan en el país asiático podrán operar bajo un grado notablemente menor de incertidumbre gracias a que China se ha comprometido a ser transparente con los subsidios que otorga a las empresas nacionales y a facilitar los procesos administrativos y legales para que las empresas de la UE puedan acceder a dichos subsidios.
Todo ello se suma al compromiso de no discriminación adoptado por el gobierno chino con el objetivo de establecer una competencia justa y igualitaria.
Por vez primera, China ha asumido importantes obligaciones en materia medio ambiental, comprometiéndose a implementar la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y a adherirse al Acuerdo de Paris.
China se ha comprometido también a trabajar para mejorar diversas precariedades de su mercado laboral como la existencia de trabajos forzosos para poder adherirse a la Organización Internacional del Trabajo y a sus convenciones.
El cumplimiento del acuerdo en materia de desarrollo sostenible será supervisado por un panel de expertos independiente cuya única ocupación será asegurar la correcta implementación de lo pactado en este ámbito.
Ambas partes se han comprometido a alcanzar un acuerdo en un plazo de dos años para establecer mecanismos tanto de protección, como de resolución de conflictos de inversiones