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Reunión con la Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Representación Permanente de España ante la UE (REPER)

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En primer lugar, se informó acerca del acuerdo entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo alcanzado el pasado 6 de junio en torno a la Directiva sobre salarios mínimos adecuados, pese a las reservas de Suecia y Dinamarca porque entraría en conflicto con sus sistemas de interlocución social, cuya independencia y autonomía quieren preservar, y el rechazo húngaro por cuestiones jurídicas y de terminología. En cambio, desde la delegación española se valoró muy positivamente la aprobación de esta iniciativa, que se considera un hito del Pilar Social Europeo.

A continuación, se realizó una referencia al estado de la negociación de la propuesta de revisión de los Reglamentos sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Durante la presidencia francesa no se ha tratado este tema, aunque los checos tienen intención de retomarlo.

También se presentó el informe de situación acerca del estado de los trabajos sobre la propuesta de Directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales. Aunque algunos países se han posicionado en contra, son más los que lo apoyan, entre los que se encuentran Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Portugal y España. Sin embargo, preocupa que Francia no esté especialmente a favor de dicha regulación.

Por otra parte, se llevó a cabo un debate de orientación sobre el Semestre Europeo, en el que participaron los presidentes de los comités de Empleo y de Protección Social (CPS). En concreto, versó sobre su gobernanza y las recomendaciones específicas por país para 2022, y ambos presidentes informaron acerca de su dictamen sobre la propuesta que presentaron en octubre de 2021 las delegaciones española y belga de incorporar indicadores de carácter social al Semestre para que los informes sean más precisos y profundos y no tenga en cuenta únicamente factores económicos, así como de introducir un procedimiento de desequilibrios sociales. Fue un asunto discutido debido a la reticencia por parte de algunos países, ya que estos nuevos criterios implicarían un aumento considerable en la carga de trabajo para el desarrollo de los mencionados informes. Finlandia dio el visto bueno a un proyecto piloto en este ámbito que podría estar disponible para final de año, aunque los indicadores sociales a tener en cuenta aún no se encuentran definidos.

Asimismo, se mantuvo un intercambio de impresiones en el que las delegaciones nacionales expusieron sus diferentes metas y progresos en relación a los objetivos para 2030 de la Cumbre Social de Oporto en materia de empleo y lucha contra la pobreza. El balance es positivo, ya que los objetivos nacionales superan lo marcado en la cita celebrada el año pasado.

En cuanto al almuerzo, giró en torno a la temática de la gestión del flujo de refugiados ucranianos, el programa CARE y la integración de aquellos en los sistemas de empleo y asistencia social de los distintos Estados miembros. España acoge actualmente alrededor de 150.000 ucranianos, siendo el quinto país con mayor número de refugiados pese a la distancia geográfica con Ucrania.

Posteriormente, se adoptó con un amplio consenso la Recomendación para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática, una medida del paquete Fit for 55 que busca que los colectivos vulnerables no queden desprotegidos en los procesos y cambios de la transición verde.

Igualmente, se adoptó la Recomendación relativa a las cuentas de aprendizaje individuales, que pretende combatir el desempleo de larga duración y fomentar la formación continua de los adultos creando una ‘cuenta mochila’ con créditos. En cualquier caso, al tratarse de una Recomendación, los Estados miembros podrán elegir implementarla o no. En el caso de España, se prevé incluirla.

En otro orden de cosas, se informó del acuerdo político alcanzado el 7 de junio entre Consejo y Parlamento sobre la Directiva relativa al equilibrio de género en los consejos de administración de grandes empresas, lo que pone fin a los 10 años de estancamiento que ha sufrido este expediente.

No obstante, bajo presidencia francesa no se ha trabajado nada en la propuesta de Directiva sobre la igualdad de trato, que lleva atascada desde 2008 y cuya aprobación resulta particularmente complicada, ya que requiere la unanimidad en el Consejo.

La Comisión participó en la reunión proporcionando información a las delegaciones sobre la aplicación de su estrategia LGBTIQ, que pone el foco en las discriminaciones interseccionales. Se explicó que se está mejorando la recogida de datos por parte de Eurostat acerca de la situación de estos colectivos de cara a mejorar la orientación de las medidas políticas tomadas al respecto, y se informó de que en el segundo semestre de 2022 se presentará una iniciativa legislativa para el reconocimiento de la parentalidad entre Estados miembros.

Por su parte, la Presidencia informó a los ministros sobre el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género relativo a la lucha contra la violencia psicológica y el control coercitivo. En el Consejo se habían empezado a estudiar unas conclusiones a este respecto, pero tras la publicación de la propuesta de Directiva sobre violencia de género y su negociación en el Consejo de Justicia, el Servicio Jurídico del Consejo recomendó abandonar dichas discusiones. Tan solo España y otros cuatro Estados miembros cuentan con legislación específica al respecto, mientras que únicamente 15 Estados miembros han legislado en materia de violencia doméstica.

En lo que se refiere a la presencia autonómica, en la reunión participó la conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, que intervino en el debate de orientación dedicado al empleo de las personas con discapacidad, sobre el que las Comunidades Autónomas habían elaborado una posición común. En particular, resaltó la necesidad de contar con políticas concretas para la integración de estas personas, teniendo en cuenta la perspectiva de género. La presidencia checa volverá a tratar el tema y elaborará unas conclusiones sobre ello.

Finalmente, se procedió a la presentación de las prioridades de la presidencia checa en este terreno, entre las que destacan la lucha contra la pobreza energética, la integración de los refugiados ucranianos en los sistemas de empleo y protección social europeos, el desarrollo de la Garantía Infantil Europea, la mejora de la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral o la situación de los jóvenes y las mujeres en el escenario post-pandemia, enfocándose en el desempleo juvenil y la salud mental. En cuanto a los dosieres concretos en los que se desea avanzar, se incluyen la propuesta de Directiva sobre el trabajo en plataformas (con el objetivo de acordar una orientación general en el Consejo EPSCO de diciembre), la propuesta de Directiva sobre protección de trabajadores al amianto, el paquete de medidas de la Estrategia de Cuidados (compuesto por una Comunicación de la Comisión, dos recomendaciones del Consejo sobre los cuidados a largo plazo y la revisión de los objetivos de Barcelona), la propuesta de revisión de los Reglamentos de coordinación de sistemas de seguridad social, la propuesta de Directiva de igualdad de trato, la ratificación del Convenio 170 de la OIT, la Recomendación del Consejo sobre diálogo social, la Recomendación del Consejo sobre el ingreso mínimo vital y la propuesta de Directiva para reforzar el papel de los órganos nacionales de igualdad.

Tras la presentación por parte de la Consejera de la REPER, varias Comunidades Autónomas plantearon preguntas en torno a distintas cuestiones:

  • Posición española sobre la propuesta de Directiva de transparencia salarial y la propuesta de Directiva de igualdad de trato, en el caso de que su adopción se retrase a la presidencia española à Total apoyo a las mismas e incluso un desarrollo más ambicioso. El principal problema de la segunda es la unanimidad necesaria para su aprobación, por lo que la presidencia checa tanteará posibles escenarios de cara a poder lograrla.
  • ¿Existe una definición o listado de cuáles son las plataformas digitales que se incluirán en la Directiva del trabajo en plataformas? à No, ya que se trata de un sector en constante cambio, lo que dificulta una definición con un alto grado de concreción.
  • ¿Hay algún proyecto legislativo en marcha sobre el teletrabajo? à Sí, especialmente en lo relacionado con el derecho a la desconexión. Ahora mismo existe un acuerdo marco y la Comisión espera presentar una iniciativa al respecto, que llegaría a presidencia española. Además, el Parlamento aprobó en su último Pleno una Resolución sobre la salud mental en el mundo laboral digital.
  • ¿Qué proyectos están previstos sobre pobreza energética? à Conclusiones del Consejo.
  • ¿Se realizó algún comentario sobre la fuga de cerebros durante la reunión? à No, es un asunto que recae en el Consejo de Educación. Se espera que la Comisión publique en diciembre un informe al respecto.
  • ¿Qué temáticas se prevén prioritarias en materia EPSCO para la presidencia española? à La elección de temas más específicos aún se encuentra en fase de ‘tormenta de ideas’, pero sin duda se tratarán el derecho a la desconexión, la salud mental, el diálogo social, las situaciones de riesgo de exclusión social, la transición justa, el ingreso mínimo vital, la actualización de los Reglamentos de coordinación de los sistemas de seguridad social, el teletrabajo, la igualdad y los derechos sociales, con foco en la inclusión de los colectivos vulnerables y la Estrategia de Cuidados.

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